El 12 de marzo2009 se publicó en El Comercio una entrevista con Alberto Acosta, ex titular de la Constituyente yfundador de A. País, donde sostiene que el retiro de personería a AcciónEcológica es un abuso del poder delGobierno. A partir de sus repuestas, tomé conciencia de la gravedad que puedetener la decisión del gobierno ecuatoriano de quitar a una de las ONG más importantessu personaría jurídica. Se trata aquí de decidir si el gobierno está tratandode acallar a sus opositores. Me permito recordarles el eslogan electoral delpartido de Rafael Correa: "¡La patria, ya es de todos!”. Considerando laimportancia de la participación y organización ciudadana en Ecuador, resultamuy preocupante saber que el presidente abusa de su poder para conservar elapoyo de la población.
Apesar de que no sea la primera vez que el Ministerio de Salud retira lapersonaría jurídica a una ONG para que sea traslada en otra Cartera, no sepuede negar que el proceso usado con AcciónEcológica no respetó uno de los principios dela Constitución:la organización y participación ciudadana.Alberto Acosta se atreve también a decir queel Estado usó una forma de violencia cuando retiró su personaría jurídica a AcciónEcológica.Explica que “es un mecanismo arbitrario y autoritario para callar la voz de una organización que, curiosamente, en épocasanteriores estuvo muy cerca al propio presidente Correa.” Entonces, segúnAcosta, aunque es normal que se reorganizan los Ministerios y que lasorganizaciones que actúan en ámbitos diferentes de los por los cuales fueroncreados sean desplazadas. Sin embargo, se deben evitar acciones arbitrarias yautoritarias.
Sin dejar de tocar el tema de las minas enEcuador, he decidido hablarles de un tema que causó una gran polémica en lasociedad ecuatoriana el mes pasado. Primero les voy a dar el contexto en elcual ocurrió la controversia. Luego voy a exponer las posiciones de losprincipales actores que forman parte de ella. Al final, daré mi propia opiniónsobre ese tema, establecida a partir de la lectura de una serie de artículos y demi participación en una conferencia sobre la protección del medio ambiente enEcuador.
Según el diario El Comercio de Quito, la organización ambientalista AcciónEcológica recibió el lunes 9 de marzo un a carta con una bien mala noticia. ElMinisterio de Salud le anunció que lequitarían el título de persona jurídica por razones administrativas. Lasprincipales razones dadas para explicar esa derogatoria fue que AcciónEcológica no había cumplido con los fines para los cuales fue creada, el 13 deabril 1989 y que no había coordinado sus acciones con el Ministerio de Salud.Sin su personaría jurídica, la ONG no puede existir más, nada menos.
Aunque la Ministra de la Salud, Caroline Chang,haya confirmado que no se trata de persecución hacia una organización quecritique abiertamente las políticas ambientales del gobierno, los dirigentes deAcción Ecológica no están de acuerdo. Denuncian la voluntad de acallarles departe del Ministerios, y rechazan la acusación de no cumplir con acciones en elámbito de la salud.
Además, se pudo observar un apoyo general a la ONGambientalista de parte de organismos como el Comité Ecuatoriano para la Defensade la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma). El presidente de este comité,Federico Koelle, hizo una declaración contra la espontaneidad de la decisióndel Ministerio, que no avisó a AE antes de quitarle su personaría jurídica.También dijo que temía una aumentación de acciones parecidas de parte delgobierno.
Su inquietud viene de la recién expansión dela Ley 660, la cual “permitela disolución forzosa de una ONG por comprometer la seguridad o los interesesdel Estado, tal como contravenir reiteradamente las disposiciones emanadas delos ministerios u organismos de control y regulación...”. Como no se precisaclaramente lo que significa“contravenirreiteradamente las disposiciones emanadas de los ministerios”, asociacionescomo el Grupo Faro temen que la Ley pueda llevar a abusos de poder.
En mi opinión, al enterarme de esadecisión gubernamental y teniendo en cuenta las anteriores declaraciones derepresentantes del gobierno frente a los criticadores de la Ley minera, creo que laderogatoria tiene un fondo de represión política. Acción Ecológica haabiertamente criticado el gobierno en sus políticas minerías en los últimosmeses y ha apoyado las protestas nacionales contra el proyecto de la Leyminera.Su contribución a la polémica sobre las minas a cielo abierto es irrefutable.De toda manera, aunque es posible que el Ministerio de Salud tenga razón encuanto al necesario traslado de la ONG hacia el Ministerio del Ambiente, estoy convencida que elmodo utilizado para llevarlo a cabo dio lugar a un abuso de poder.
Correa pone de ejemplo a Canadá para defender beneficios de minería (2/21/2009)
El último artículo que leí me asustó tanto que no sé si podré estar neutra todavía en el análisis de mi tema. De hecho, cuando leí que el presidente Rafael Correa quería invitar a un grupo de indígenas canadienses para que expliquen a sus homónimos de Ecuador como Canadá practica la explotación minera sin daño al medio ambiente, respetando a los pueblos autóctonos, me quedé pasmada. Según el Jefe de Estado, la minería “ha sido exitosa” en Canadá: los indígenas reciben beneficios de la explotación y el medio ambiente está protegido. Correa hizo esas declaraciones después de un encuentro con inversiones canadienses de los sectores de la minería de la hidroelectricidad y de la construcción.
Así que el presidente quiere demostrar a los grupos indígenas y ecologistas que se quejan por nada, porque la nueva Ley Minera no permitirá daños al medio ambiente y respetará los derechos de las comunidades indígenas. Pero hemos visto que aunque las leyes existen, no son siempre respetadas ni aplicadas. Es el caso en Canadá que además es uno de los cuatro países que no ha firmado la Declaraciónsobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 20071. Esta decisión es muy criticada por las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional. Me parece bien hipócrita que el Presidente de la República invite a un grupo de indígenas canadienses tomando en cuenta que hay un desacuerdo permanente entre el gobierno canadiense y las primeras naciones sobre todo en el dominio la protección de los territorios. Quizás Correa cuenta con la ignorancia de los ecuatorianossobre la situación de los indígenas en Canadá, porque a mi parecer si hiciera tal declaración aquí, la gente tendría dudas en cuanto a su veracidad.
En suma, creo que la estrategia del Gobierno ecuatoriano es de convencer a los opositores de la vigencia de la Ley Minera dándoles ejemplos positivos de explotación minera y convenciéndoles de los beneficios de tal industria. Pero eso es sin contar con la tenacidad de los indígenas en su combate contra las multinacionales y las empresas extranjeras que no respetan las tradiciones. Entonces no pienso que sea una buena estrategia y que los opositores van a tener confianza en los dichos de los indígenas canadienses invitados por el presidente Correa.
Ecuador desea la inversión de Canadá 17 de febrero 2009
En seguida de la aprobación de la Ley Minera, el presidente ecuatoriano Rafael Correa organizó una reunión con un grupo de inversionistas canadienses. Tenía como objetivo explorar la posibilidad de que inversionistas de ese país realicen negocios en proyectos de minería, centrales hidroeléctricas e infraestructura en el país. Correa afirmó que ya tenía proyectos muy rentables.
“Las inversiones canadienses son las mejores”
Más aún Correa hizo una declaración en apariencia anodina pero que necesitaría ser apoyada por pruebas concretas. El Jefe de Estado declaró: “En el sector minero las inversiones canadienses son las mejores, son las que más respetan el medioambiente y las leyes del país”. Correa tiene mala memoria porque en el pasado suspendió las licencias de algunas empresas mineras canadienses en su territorio. Debería igualmente leer el libro Negro Canadá. Pillaje, corrupción y criminalidad en África1 que denuncia el comportamiento de las empresas privadas en África, con el apoyo ciego del gobierno canadiense. Los autores recopilaron informes oficiales y ya publicados para demostrar que Canadá es un paraíso judicial para las multinacionales mineras.
Sin embargo, las organizaciones campesinas que viven en los territorios codiciados por las empresas extranjeras siguen oponiéndose a la nueva Ley, asegurando que favorece a las grandes transnacionales de la minería, en detrimento de las comunidades y poblaciones que se dedican a esta actividad y además que afecta al medioambiente.”
1 DENEAULT, Alain con ABADIE, Delphine y SACHER, William, Noir Canada Pillage, corruption et criminalité en Afrique, Éditions Écosociété, Montréal, http://www.ecosociete.org/t117.php
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El Gobierno suspende a la compañía Ascendant Cooper (9/26/2007)
“El Ministerio de Minas y Petróleos anunció ayer la suspensión formal de las actividades mineras de la compañía Ascendant Cooper, en Intag. […]
El pronunciamiento del Ministro fue recibido ayer con escepticismo por parte de algunas autoridades y dirigentes del valle de Intag, en Imbabura. “Es la cuarta vez que se anuncia lo mismo, pero la empresa canadiense sigue en la zona”, dijo el concejal Luis Robalino, en representación de la Municipalidad de Cotacachi.”
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